Julio Ponce se abre a perder el control de SQM y busca sellar un acuerdo definitivo con Corfo - El Mostrador

Domingo, 21 de enero de 2018 Actualizado a las 03:05

Corfo y SQM se dieron 30 días para un nuevo proceso conciliatorio

Julio Ponce se abre a perder el control de SQM y busca sellar un acuerdo definitivo con Corfo

por 18 diciembre, 2017

Esta jornada representantes de Pampa Calichera acudieron a la Corporación buscando nuevas posibilidades de acuerdo. Corfo ha exigido en varias ocasiones cambios relevantes en el gobierno corporativo de la minera, pidiendo la salida de Ponce como principal accionista, y ahora habría una nueva propuesta para ello. En un hecho esencial por separado, Calichera anunció que ponía fin al pacto de accionista con Kowa, acuerdo que le permitía a Ponce mantener control indirecto de SQM.

El conflicto entre Corfo y SQM dio un giro importante esta jornada. Tras el fracaso de la conciliación entre ambas partes, Julio Ponce estaría disponible a perder el control de la minera, abriéndose a cumplir uno de los mayores requisitos de la estatal, la cual exigió un cambio definitivo en el gobierno corporativo de SQM.

Este lunes el vicepresidente ejecutivo de CORFO, Eduardo Bitran, recibió en la Corporación -junto a otros directivos de la institución- a representantes de las sociedades SQM, Potash y Pampa Calichera, quienes solicitaron una audiencia por transparencia.

En esta reunión, según comunicó la Corfo, los representantes de Pampa Calichera dieron a conocer a la estatal una propuesta de cambio en la estructura de gobierno corporativo de SQM, consistente con los objetivos buscados por la Corporación.

Corfo, con tal de llegar a un acuerdo con la minera –a la cual acusa de incumplir una serie de cuestiones en los contratos de arriendo de pertenencias del Salar de Atacama- había exigido que la estructura de gobierno corporativo de SQM otorgue garantías permanentes de pleno cumplimiento de lo acordado y desarrollo de prácticas alineadas con los estándares de empresas globales y de la OCDE; que se aumente el nivel de rentas de arrendamiento para igualarlas con lo establecido en el contrato de Albemarle; establecer los derechos y protecciones de Corfo como propietario del Salar de Atacama; establecer el más alto estándar de vigilancia de cumplimiento de contratos y normas ambientales; aportar recursos a la Región de Antofagasta y a las comunidades locales; aportes significativos a investigación y desarrollo; opción de reserva de 25% de producción de litio para vender en Chile destinados a agregar valor al litio y mantención de contrato vigente hasta su fecha establecida, es decir, año 2030.

El primero de estos puntos era el más difícil de cumplir por la minera, considerando que Bitrán dijo en reiteradas ocasiones que para ello Julio Ponce debería perder su condición de controlador de SQM.

Tras ello, Corfo y SQM solicitaron esta jornada al árbitro Héctor Humes abrir un nuevo proceso de conciliación, dándose un plazo de 30 días (corridos) de suspensión del arbitraje. SQM expresó su disposición a considerar las condiciones propuestas por Corfo en el nuevo proceso de conciliación.

“Si bien no es posible anticipar el resultado de este nuevo proceso de conciliación -que se realizará en el marco del arbitraje-, de ser exitoso, además de obtener las condiciones exigidas por CORFO, la ampliación futura de las cuotas de Litio, permitirá a Chile expandir significativamente la oferta de Litio, durante el periodo del contrato, facilitando el desarrollo mundial de la electromovilidad, con el consiguiente efecto positivo en la industria del cobre baja en emisiones de CO2. La Corporación reitera su compromiso con establecer las condiciones que cautelen el interés público, ayudando así a restablecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones de la República”, dijo la Corfo.

En un hecho esencial separado, Calichera anunció que ponía fin al pacto de accionista con Kowa, la japonesa que controla el 2% de SQM y que le permitía a Ponce mantener control indirecto de la minera no metálica.

Las dos sociedades pondrán fin al pacto de acuerdo de actuación conjunta en un plazo de 30 días.

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